El Gobierno de Brasil, junto la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel),  empresas de telecomunicaciones y televisoras, aplazaron para abril la decisión sobre cómo invertir los fondos una vez finalizada la primera etapa de cierre de las señales analógicas en TV, los cuales se estima que superan los USD 236 millones. La Abogacía General de la Unión (AGU) establecerá los límites jurídicos del uso del dinero.

Moisés Moreira, consejero de Anatel, aseguró estar “aguardando una definición sobre la divergencia entre lo que establece la Procuraduría de Anatel y la consultoría jurídica del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones”. Además, agregó que “vamos a escuchar  a AGU y al TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión)”.

La divergencia entre la Procuraduría de Anatel y la consultoría jurídica del Ministerio radica en cómo se debe utilizar el dinero. La Procuraduría General Especializada (PGE) de AGU sostiene que los fondos pueden ser invertidos en un mayor número de convertidoras y antenas, y en otros proyectos que cuenten con la aprobación de Anatel. El Ministerio asegura que la prioridad se debe compartir entre convertidoras, antenas y cobertura digital.